Luego
de declararse competente la Corte de La Haya en Holanda para tratar la disputa
de Chile y Bolivia, esta acogerá la última fase del proceso de alegatos orales
sobre la demanda de La Paz para que Santiago acceda a negociar un acceso
soberano al océano Pacifico por parte del Estado Boliviano.
Entre
los argumentos presentados por la parte Boliviana se destacan los siguientes;
el compromiso de Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia a
través de acuerdos, práctica diplomática y declaraciones de sus representantes;
entre ellos: el Convenio de Transferencia
de Territorio de 18 de mayo de 1895 y sus Protocolos Complementarios; el Acta Protocolizada de 10 de enero de
1920; el intercambio de notas de 1 y 20 de junio de 1950; el Memorándum Trucco de 10 de julio de
1961; la Declaración Conjunta de Charaña
de 8 de febrero de 1975 y la nota chilena de 19 de diciembre de 1975.
Instrumentos que evidenciarían que Chile se comprometió a encontrar una
solución al encierro marítimo de Bolivia, a pesar de poseer y desarrollar una Armada
Boliviana competente y capaz, la cual emplea el poder naval en la seguridad y
defensa, administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y
la marina mercante, esto acorde con lo reconocido por la Constitución Política
vigente desde 2009.
Entre
las peticiones por Bolivia se destacan que: Chile tiene la obligación de
negociar con Bolivia un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida soberana al
Océano Pacífico y que deben cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y
formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a
Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico.
La
demanda de Bolivia se ampara en el “Acuerdo
de Charaña” que fue firmado en la
estación ferroviaria de Charaña en Bolivia el 8 de febrero de 1975, entre los
generales Hugo Banzer y Augusto Pinochet y suponía el fin de la
ruptura de las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas en el año
1962. Para ese entonces, el Gobierno chileno ofreció solucionar el asunto de la
“Mediterraneidad de Bolivia” mediante
un canje territorial accediendo una franja de terreno ariqueño. Sin embargo fue
objetado por Perú quebrantando las relaciones entre Bolivia y Chile en 1978.
En
cambio los chilenos basan sus fundamentos de defensa en la legitimidad y vigencia
de lo acordado en 1904, indicando que siempre han respetado los detalles del Tratado
de Paz que incluyen permitir a Bolivia el uso de los Puertos Marítimos
Chilenos, además reconocen a perpetuidad el más amplio y libre derecho de
transito comercial por su territorio y puertos del pacifico. Además mantienen la
convicción de que la demanda boliviana carece de toda base pues confunde
derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia
entre Chile y Bolivia.
A
parte del enfrentamiento jurídico, se dan también los encontronazos políticos
que últimamente han sido la constante más por parte del Estado Chileno que el
Boliviano; basta fijarnos en las declaraciones de la ex Presidenta Michelle
Bachelet que hace unos días, antes de salir del poder afirmó que: “Bolivia no ha ganado, ya que la declaración
de competencia de La Haya, no afecta en nada nuestra integridad territorial”,
súmenle a eso lo manifestado por el recién instalado Presidente Sebastián
Piñera en su réplica al Jefe de Estado Boliviano Evo Morales, quien afirmó que:
"Antofagasta fue, es y será
territorio boliviano", y luego Piñera riposta indicando que: “La ciudad de Antofagasta ha sido, es y
seguirá siendo chilena", reiterando también que: “Una vez más se equivoca el presidente Evo Morales, y además, contradice
abiertamente la tesis de Bolivia en la Corte de La Haya. De acuerdo al tratado
de 1904”.
Finalmente
razonamos que si la integración sudamericana estuviera tan avanzada como
aseguran y han asegurado desde la retórica muchos de sus líderes, no se
necesitaría La Haya para resolver este desacuerdo más político que jurídico,
obviamente dejándolo entrever la misma Corte considerando que el diferendo no
está zanjado por el Tratado de Paz de 1904, lo cual desde ya está obligando a Bolivia
a que busque una solución alterna y competente para su reclamo por fuera de La
Haya. Lo único cierto es que más allá de lo que decida la Corte de La Haya, no
puede obligar a ningún país a cumplir sus sentencias; lo cual nos hace ver que
en un futuro cercano las diferencias políticas seguirán igual de agudas o tal
vez un poco más.
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Máximo
Peña De León
Abogado
- Experto en Comercio ExteriorMáster en Negocio y Derecho Marítimo
UPCO/IME (Promoción #23)
@MaximoPenaLeon
@PenaYunesLegal
